*Condenado por la Inquisición. Lucas Velázquez, Eugenio. 1860. Museo Nacional El Prado

“Cristianos viejos sin raza de judío ni de moro ni de herejes.”

“No es posible que el árbol malo dé buen fruto; la sangre infectada mancha la pureza de la fe.”

“Para mantener la paz del reino, es necesario que todos sus súbditos compartan la misma fe.”

Estas frases, atribuidas a Tomás de Torquemada, resumen con claridad aterradora el imaginario que vertebró la construcción de la unidad de los reinos de España entre los siglos XV y XVI: una nación que no se definía tanto por fronteras geográficas, cuanto por fronteras de sangre y de fe unificada, de genealogía depurada y de obediencia al Rey.

Este 8 de abril de 2025, el rey Felipe VI preside un acto institucional en el Congreso de los Diputados con motivo de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España. Este aniversario, más allá del gesto simbólico, nos obliga a repensar la historia desde una mirada crítica. ¿Cómo se ha construido un Estado que durante siglos ha excluido sistemáticamente al pueblo Gitano?

La construcción del Estado no es el resultado de un proceso democrático reciente, sino de una ingeniería político-religiosa cuidadosamente diseñada desde el siglo XV. En 1479, con la unión dinástica de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, se sentaron las bases de un proyecto de monarquía común que, sin borrar del todo las autonomías de cada reino, los subordinó a un ideal compartido: una sola fe, un solo rey, una sola lengua.

La incorporación de Navarra entre 1512 y 1515, bajo la presión militar de Fernando el Católico, completó el mapa político peninsular. Bajo Carlos I y Felipe II, este proyecto tomó forma imperial, con una administración cada vez más centralizada, una Inquisición poderosa, una lengua dominante (el castellano) y la imposición de la fe católica tanto dentro como fuera del continente. La unidad no se construyó solo desde el poder político. Se impuso desde la religión como forma ideológica de poder. La fundación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición (1478), la expulsión de los judíos (1492), las conversiones forzadas de musulmanes (1499) y la posterior expulsión de los moriscos (1609–1614) fueron los pilares de una política de homogeneización espiritual que pretendía convertir al reino en un cuerpo moral único.

La Inquisición tuvo un alcance político, racial y social: se centró en la «limpieza de sangre» y no solo en cuestiones doctrinales. Se convirtió en un aparato del Estado, usado para disciplinar no solo la fe, sino el comportamiento y el linaje de los súbditos. En este contexto emergió el ideal del “cristiano viejo” como modelo excluyente de ciudadanía. No bastaba con adoptar la fe católica: había que serlo desde la sangre, sin “manchas” de ascendencia judía, musulmana o herética. A través de los estatutos de limpieza de sangre, se exigía probar, con genealogías que se remontaran hasta los bisabuelos, que uno no descendía de conversos. Los bautismos, los testamentos, las partidas parroquiales se transformaron en instrumentos de vigilancia. El bautismo perdió así su función espiritual y fue convertido en un acto burocrático. La fe ya no se vivía: se rastreaba. La ortodoxia era hereditaria. Como expresó Torquemada: “La sangre infectada mancha la pureza de la fe.”

El Edicto de Granada de 1492, que obligó a todos los judíos no conversos a abandonar el reino, fue el primer gran acto de limpieza étnica-religiosa. En 1499, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros —arzobispo de Toledo y sucesor de Torquemada como confesor real— rompió los acuerdos de tolerancia con la población musulmana de Granada, quemó ejemplares del Corán en la plaza Bib-Rambla y forzó su conversión bajo amenaza de expulsión. En ese mismo año de 1499, en medio de esta atmósfera de fervor inquisitorial, los Reyes Católicos firmaron en Madrid la primera Pragmática contra los gitanos -redactada por el cardenal Cisneros-. Aunque los gitanos no eran herejes ni representaban una amenaza doctrinal, su estilo de vida —nómada, sin gremio, sin señor, sin adscripción a territorio alguno— los convirtió en enemigos del orden político y religioso. La ley les prohibía el nomadismo, les exigía asentarse, adoptar oficios reglados y vivir bajo vigilancia fija. Si no lo hacían, serían castigados con azotes, trabajos forzados o la expulsión.

Durante más de dos siglos, el pueblo gitano fue sometido a una legislación que alternaba entre la asimilación forzada y la persecución violenta. Desde nuevas leyes en el siglo XVI hasta la Gran Redada de 1749, su persecución fue constante. A los ojos del Estado, los gitanos eran irredentos, indómitos, imposibles de integrar, portadores de una rebeldía esencial.

En 1631, el jurista Juan de Quiñones de Benavente escribió el Discurso contra los gitanos, una pieza brutal que sintetiza la ideología estatal del momento: “Por su misma naturaleza son enemigos de la policía y del gobierno, y no se puede esperar fruto alguno de su enmienda.” Esta afirmación va más allá del campo de la teología y entra en el campo del discurso racial: establece que hay grupos humanos cuya naturaleza los hace enemigos de la sociedad. Ya no se trata de castigar conductas, sino de eliminar esencias. No hay redención posible. Es el paso decisivo hacia un racismo institucional, anterior a las teorías biológicas del siglo XIX, pero ya perfectamente articulado: con sus archivos, sus leyes, y su aparato burocrático de vigilancia y castigo.

La unidad de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra no fue solo un proyecto territorial: fue un sistema ideológico que impuso una forma de ciudadanía vinculada al linaje de la sangre y a la uniformidad cultural. En esa España, judíos, moriscos y gitanos fueron los “otros internos”: tolerados a veces, perseguidos a menudo, siempre convertidos en los chivos expiatorios de los pecados de la patria.

El acto del 8 de abril de 2025, presidido por el rey Felipe VI, no debe convertirse solo en un ritual simbólico. Si queremos honrar los 600 años de presencia del pueblo Gitano en España, debemos mirar con seriedad la historia de la marginación y la violencia institucionalizada, de estigmatización persistente y de exclusión normalizada por el Estado.

Por lo tanto, conmemorar sin estudiar, recordar sin comprender, celebrar sin reparar, equivale a repetir los errores del pasado. La historia de España necesita recuperar la memoria no desde la épica, sino desde el análisis de las estructuras que sostuvieron el racismo, el clasismo y la exclusión. La genealogía del antigitanismo no debe permanecer en los márgenes de la historia nacional. Debe ocupar un lugar central en los planes educativos de nuestro sistema escolar obligatorio.

El papel de los confesores reales —Torquemada y Cisneros en particular— fue central en esta maquinaria. No solo guiaban la conciencia espiritual de los monarcas, sino que definían el bien y el mal a escala de razón de Estado. Eran guardianes de la fe monárquica, pero también ingenieros del alma colectiva, moldeadores de un cuerpo social que debía ser homogéneo. Lo inquietante es que este pensamiento teológico-político no desapareció; con el paso de los siglos reapareció, se transformó, persistió en otras formas. Cada régimen pasado (o proyecto presente) que ha soñado (o sueña) con una nación purificada, se ha inspirado en esta herencia inquisitorial. Y en el centro, persiste una idea: que el orden solo puede nacer de la uniformidad. Y que todo lo que se desvíe —en fe, en origen, o en costumbre— debe ser corregido o eliminado.

Ismael Cortés, Profesor Asociado en la Catedra UNESCO de Filosofía para la Paz, Universitat Jaume I.

Investigador Postdoctoral – Departamento de Historia Europea y Estudios Culturales, Universidad de Heidelberg

X: @Ismael_CortesG

“La Vie errante des Bohémiens ou Les Marches Égyptiennes”, de Jaques Callot. Fuente: Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris.

El 12 de enero de 1425, un documento firmado por el papa Martín V y ratificado por los reyes de Aragón, Navarra y Castilla marcó la llegada documentada del pueblo gitano a la península ibérica. Este salvoconducto otorgaba protección a un grupo de familias gitanas itinerantes que se identificaban como peregrinos en su camino a Compostela. Sin embargo, esta acogida duró poco. Con la fundación de la Inquisición en 1478 y la promulgación de la primera pragmática antigitana en 1499, firmada en Madrid por los Reyes Católicos, se inició un ciclo de persecución y violencia institucional que se prolongaría durante siglos.

Las distintas pragmáticas reales -alrededor de trescientas- prohibieron la lengua y la indumentaria, así como las tradiciones y los oficios gitanos; y forzaron a las comunidades gitanas a una imposible integración en un sistema social y administrativo que no les daba cabida. Los castigos reiterados iban desde la esclavitud hasta el destierro o la pena de muerte. La seriación legislativa antigitana ha buscado coartar la libertad de las comunidades gitanas, eliminar su identidad y su cultura; e incluso su aniquilación física (genocidio) con episodios ampliamente documentados como el Proyecto de Exterminio o Gran Redada de 1749: un intento deliberado de liquidación de todo un grupo étnico, perpetrado en distintos territorios peninsulares bajo la corona de Fernando VI, pergeñado por el Marqués de la Ensenada, que separó a miles de familias, dividiéndolas sistemáticamente por género y por grupos de edad, y las condenó a trabajos forzados o a la esclavitud en galeras en condiciones inhumanas.

Las últimas medidas administrativas y penitenciarias contra el pueblo gitano se extienden hasta la segunda mitad del siglo XX, y fueron emitidas por el régimen fascista, durante la dictadura franquista, suprimiendo la presunción de inocencia y persiguiendo la lengua y los oficios tradicionales gitanos. El antigitanismo, alimentado por siglos de persecución, sigue siendo hoy una de las formas de racismo más persistentes en Europa. Esta discriminación estructural ha perpetuado estereotipos que presentan al pueblo gitano como una amenaza social, justificando tanto las formas de segregación urbana, así como las formas de exclusión institucional o los estallidos racistas de violencia física y simbólica.

El reconocimiento del antigitanismo como delito de odio en el Código Penal español, en 2022, supuso un paso crucial en la lucha contra esta forma específica de racismo. La Ley Orgánica 15/2022, de 6 de julio, marcó un hito al incluir explícitamente el antigitanismo como agravante (art. 22.4) y como delito de odio (art. 510). Esta ley no solo reconoce la particular forma de discriminación sufrida por el pueblo gitano, sino que también dota al sistema jurídico de herramientas más claras para identificar, perseguir y sancionar las formas criminales de antigitanismo. Este avance legislativo es fundamental para garantizar una respuesta más efectiva a las agresiones físicas, ataques simbólicos y discriminación institucional que han afectado históricamente al pueblo gitano. Especialmente, la formación sobre el antigitanismo ha de incluirse en el trabajo cotidiano de las Fiscalías contra los Delitos de Odio, en tanto en cuanto, éstas son las unidades especializadas dentro del sistema judicial que se encargan de investigar, perseguir y sancionar los delitos motivados por el odio.

Este avance legal debe complementarse con acciones que transformen tanto las estructuras institucionales como la opinión pública. El Código Penal es una herramienta importante dentro de cualquier Estado de derecho, pero su impacto depende de un cambio cultural y estructural más profundo que abarque todos los niveles de la sociedad.

• Concienciación cívica: Es imprescindible fomentar campañas de sensibilización tanto a nivel escolar como a nivel mediático, que desmonten los prejuicios racistas sobre el pueblo gitano y promuevan el respeto por la diversidad cultural.

• Capacitación jurídica: Jueces, fiscales y policías deben recibir formación específica para identificar y combatir el antigitanismo en todas sus manifestaciones.
• Acción institucional: Los casos de delitos de odio contra los gitanos deben ser tratados con la máxima diligencia, asegurando que se haga justicia y que se erradiquen las barreras estructurales que perpetúan la discriminación.

Si observamos el contexto catalán, el artículo 47 del Estatuto de Autonomía reconoce explícitamente al pueblo gitano como parte integrante de la sociedad catalana: “Los poderes públicos deben velar por el reconocimiento del pueblo gitano como parte integrante de la sociedad catalana, para la preservación y el desarrollo de su identidad cultural, sus tradiciones y su lengua.” Este reconocimiento legal subraya la contribución histórica y cultural del pueblo gitano, y establece una base para desarrollar políticas específicas que promuevan su inclusión activa en todos los ámbitos de la vida en común. Para dar un impulso a este reconocimiento, es fundamental implementar avances institucionales pendientes:

• Representación política: Asegurar la participación de la ciudadanía gitana en las instituciones democráticas, promoviendo su acceso a cargos de responsabilidad administrativa y/o de representación en las instituciones de autogobierno de la Generalitat.
• Promoción cultural: Crear espacios culturales dedicados a preservar y celebrar la memoria y la identidad gitana como parte esencial del patrimonio de Cataluña.
• Ciudadanía inclusiva: Impulsar programas que conecten a las comunidades gitanas con recursos educativos, laborales y sociales, alineados con los estándares internacionales de derechos humanos.

Desde otro punto de vista, el Pacto de Estado contra el Antigitanismo, aprobado en marzo de 2023 por el Congreso de los Diputados, representa un esfuerzo crucial para combatir siglos de discriminación estructural. Este pacto, que incluye 158 medidas concretas, busca garantizar la igualdad y combatir el racismo antigitano en todas sus formas. Entre las medidas más destacadas se encuentra el punto segundo, que propone un acto ceremonial presidido por la figura institucional del monarca, Felipe VI; quien como actual jefe del Estado tendría la potestad para simbolizar la ruptura con una historia trágica, de persecución y de violencia institucional antigitana. Este gesto -escenificado desde las altas instituciones del Estado- sería un reconocimiento de los horrores históricos y marcaría el compromiso del Estado con un nuevo tiempo democrático basado en el pleno respeto hacia el pueblo gitano. Además, el Pacto de Estado contra el Antigitanismo incluye entre otras iniciativas:

• Reformar las políticas educativas y laborales, promoviendo la igualdad de oportunidades para las comunidades y las personas gitanas.
• Fortalecer los mecanismos legales contra el antigitanismo, asegurando que los casos de discriminación sean tratados con rigor y justicia.
• Fomentar la recuperación y promoción de la lengua y la cultura gitanas como parte del patrimonio común compartido.

Situándonos en una perspectiva estatal, la Ley de Memoria Democrática (20/2022, de 19 de octubre) establece la creación de una Comisión de Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano, con el objetivo de documentar y visibilizar los siglos de persecución. Para que esta comisión sea efectiva, es imprescindible que las comunidades gitanas lideren los procesos de recuperación de su historia. Algunas de las acciones prioritarias deberían incluir:

• La creación de archivos vivos y museos que recojan y preserven la memoria del pueblo gitano.
• La integración de su historia en el currículo educativo, asegurando que las nuevas generaciones comprendan y valoren su contribución a los distintos territorios y naciones históricas del Estado.
• El desarrollo de iniciativas culturales que celebren su resistencia y resiliencia a lo largo de los siglos.

La memoria no solo es un acto de reparación simbólica, sino una herramienta para construir un marco cultural compartido que reconozca la diversidad como un valor esencial, para fortalecer la democracia frente a las amenazas totalitarias. Precisamente, en términos democráticos, la exclusión histórica del pueblo gitano tanto de los espacios de representación política, así como de las funciones de gestión propias de las instituciones de gobierno, refleja una fractura en los principios fundamentales de la igualdad y la no-discriminación.

Desafortunadamente, el 12 de enero de 1425, fecha que marcó el registro oficial de la entrada del pueblo Gitano en el Reino de Aragón, no fue el inicio de una relación de respeto, sino que inició un complejo y violento proceso histórico de persecución y resistencia. La resiliencia del pueblo gitano durante 600 años es un testimonio de su fortaleza y de su determinación. Reconocer su historia, garantizar sus derechos y celebrar su cultura es un deber del Estado y una oportunidad para construir una democracia que valore la diversidad como su mayor fortaleza. La igualdad no es un punto de partida, sino un horizonte que debemos construir juntos.

En este camino hacia la igualdad, la inclusión del pueblo gitano como una nacionalidad histórica en el Título VIII de la Constitución Española representaría una oportunidad única, para reforzar los valores democráticos y el compromiso con la justicia social, en un marco de pluralismo y reconocimiento de la diversidad. El pueblo Gitano, que este año cumple precisamente seis siglos de arraigo en el tejido social y cultural de la península Ibérica, constituye un elemento esencial de la identidad colectiva del país. Su historia de resiliencia frente a la exclusión y la discriminación, junto con su contribución al patrimonio cultural y su presencia extendida por todos los territorios del Estado, reclama un reconocimiento institucional que garantice sus derechos políticos, culturales y sociales. Este paso, además de subsanar una deuda histórica, permitiría fortalecer la cohesión social mediante la integración plena de todas las voces en el espacio público, respetando la igualdad en la diferencia.

Reconocer al pueblo gitano como nacionalidad histórica no solo responde a una necesidad de justicia, sino que también se alinea con experiencias internacionales que han sabido incorporar a comunidades históricamente marginadas como actores plenos en la esfera democrática. Diversos ordenamientos jurídicos europeos y latinoamericanos han establecido precedentes que evidencian los beneficios de otorgar derechos específicos a comunidades con una identidad diferenciada, reforzando su participación y garantizando la protección de su lengua y su cultura. El Estado español y las naciones que lo conforman, por la relevancia histórica y cultural del pueblo gitano en su configuración social, tienen una responsabilidad particular en liderar este proceso. A través de un reconocimiento efectivo, acompañado de políticas inclusivas y medidas concretas, sería posible no solo reparar siglos de exclusión, sino también avanzar hacia una sociedad más justa y plural; en la que la diversidad no sea una excepción tolerada, sino un pilar fundamental del bien común.

El pasado 18 de octubre, por primera vez, los miembros de los parlamentos nacionales fueron invitados por el Parlamento Europeo para discutir los derechos fundamentales de los Romaníes, poniendo el foco en la lucha contra el antigitanismo. A este Debate Interparlamentario asistieron representantes de prácticamente todo el espectro político. Incluyendo, además de a los países miembros de la Unión Europea (UE), a dos países candidatos: Montenegro y   Kosovo. Se hicieron notar, lamentablemente, dos grandes ausencias: España e Italia.

El caso de Italia era en cierto grado previsible, debido a la sensibilidad mediática que ha provocado el “plan Salvini”: fichar a los gitanos indocumentados para expulsarlos del país. Ante lo cual, ningún partido ha propuesto un plan firme de oposición al neofascismo de la Liga Norte, a excepción de vagas alusiones a la defensa constitucional de los derechos fundamentales, que (idealmente) harían inviables este tipo de prácticas.

El caso español, sin embargo, suscita una perplejidad mayor. España se proyecta a sí misma como un modelo de inclusión con los gitanos: ¿por qué rehuir entonces del debate sobre el antigitanismo? Debates como el que tuvo lugar el pasado jueves en Bruselas, nos obligan a desempolvar las lentes y escrutar la realidad política con mirada crítica. Respecto del caso español, las antropólogas de origen romaní Ostalinda Maya y Anna Mirga, nos recordaban en El mito de la inclusión del pueblo gitano (El Mundo, 2014), que las cosas no son tal y como las  autoridades gubernamentales quieren hacerlas ver. Como recordaban las autoras: “Únicamente el 5% de los niños de etnia gitana finalizan lo estudios superiores del ciclo secundario [en España]. Los datos estadísticos son, si cabe, más chocantes cuando se considera que España está por debajo de países europeos menos desarrollados como la República Checa (30%), Hungría (22%), Rumanía (10%) y Bulgaria (9%).”

En esta línea de crítica, en febrero de 2018, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), establecida por el Consejo de Europa, publicó un informe sobre España que señaló tres recomendaciones prioritarias: 1. Medidas urgentes para incrementar el porcentaje de niños y niñas gitanas que terminan la educación obligatoria. 2. El fin de la segregación urbanística, que ha dado lugar a guetos racializados que reproducen la segregación escolar de los niños y las niñas gitanas. 3. La creación de un Organismo Independiente de Promoción de la Igualdad y la Lucha contra la Discriminación, que no esté vinculado ni al gobierno ni a otros organismos públicos o privados dependientes del mismo.

Soraya Post, la europdiputada de origen romaní que organizó el Debate Interparlamentario del pasado jueves, expresó un fuerte llamado a los participantes: “Hace un año, el Parlamento Europeo aprobó mi informe sobre los aspectos de los derechos fundamentales en la integración de los romaníes en la UE, que ofrece recomendaciones programáticas y legislativas para luchar contra el antigitanismo. Espero que la reunión de la Comisión Interparlamentaria de hoy apoye a los Estados miembros, para que comiencen a tomar en serio sus responsabilidades».

Cabe pues aclarar, en qué consiste la Resolución del Parlamento Europeo sobre los aspectos de la integración de los gitanos en la Unión Europea relacionados con los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo (25 de octubre de 2017).

La resolución, que yo mismo asesoré junto a otros analistas, propone un conjunto de 58 medidas que podrían llevar a una política compartida: para que los Estados miembros de la UE combatan el antigitanismo, estudiando sus raíces históricas, trazando paralelos a la infame historia de antisemitismo en Europa. Hasta que apareció la resolución, el «problema de los Romaníes» se había abordado simplemente como: el “atraso” de un subgrupo cultural que necesita urgentemente transformar sus propias costumbres, para integrarse en las dinámicas de la modernidad europea; sobre todo, a través del empleo y la educación. De esta manera, los respectivos gobiernos se comprometieron a apoyar la “inclusión de los gitanos”, al tiempo que permanecieron en silencio ante el racismo anti-gitano profundamente enraizado en las sociedades europeas.

En nuestra opinión, todas las políticas sociales para los romaníes resultarán infructuosas si no están respaldadas por un compromiso para combatir la discriminación racista. Actualmente, la Comisión Europea está evaluando los resultados de los Marcos Nacionales para la Inclusión de la Población Gitana. Los resultados de esta evaluación (idealmente) servirán para rediseñar los futuros marcos de políticas públicas. Creemos que el Marco de la UE para la Inclusión de la Población Gitana, después de 2020, debe someterse a una reforma profunda: en la que cada medida encaminada a la inclusión vaya acompañada de medidas para combatir la discriminación.

Se necesita un enfoque antirracista, para todas y cada una de las nuevas áreas de inclusión que entendemos deberían estar implicadas: inclusión educativa, inclusión laboral, inclusión residencial, inclusión sanitaria, inclusión cultural, inclusión mediática, inclusión científica e inclusión política. Las autoridades competentes de los Estados miembros de la UE deben estudiar, de manera rigurosa, qué factores están impidiendo la inclusión de la Población Gitana en cada una de las áreas mencionadas.

La expansión de los actuales objetivos de los marcos de inclusión, requerirá un aumento importante de los fondos de la UE asignados a la cuestión Romaní. Y la financiación ya existente requiere un gasto más efectivo. La preparación del próximo Marco de Financiación Multianual de la UE ofrece una oportunidad extraordinaria para reformar las normas de gasto de los fondos de la Economía Comunitaria, y priorizar el antirracismo en los programas de la UE.

En los tiempos presentes, cuando la Unión Europea está lidiando con su propia crisis de identidad, el combate contra el antigitanismo debe verse como parte de una batalla más amplia contra la amenaza del neofascismo etnonacionalista. Garantizar el tratamiento no discriminatorio de 6 millones de ciudadanos Romaníes sería una buena manera para que la UE afirme sus valores fundamentales. En este sentido, las próximas elecciones ofrecen una ocasión muy concreta para comenzar a pensar programas políticos alternativos. Esperamos que la UE no pierda esta oportunidad.